Como mediadora de lectura y activista por los derechos culturales, encuentro en el Plan de Derechos Culturales de España una inspiración poderosa para repensar nuestras propias prácticas y políticas desde América Latina y específicamente en Perú. Este plan no es solo un documento: es una declaración de principios y una hoja de ruta para garantizar que todas las personas puedan vivir, acceder, crear y transformar la cultura en igualdad de condiciones.
El Plan parte de una premisa sencilla pero radical: la cultura es un derecho humano fundamental, no un lujo ni un privilegio. Y en esa cultura, la lectura ocupa un lugar esencial, porque leer es participar, es imaginar futuros, es reconocerse y construir sentido junto con otros. Promover el acceso a la lectura no es solo una tarea educativa: es un acto de justicia social.
Este ambicioso plan recoge 146 medidas concretas, organizadas en cinco horizontes prioritarios que merecen destacarse desde el punto de vista de quienes creemos en la cultura viva comunitaria y en la participación ciudadana activa:
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Democracia cultural: Porque no basta con consumir cultura; se trata de que todas las personas podamos crearla, cuestionarla y resignificarla. La lectura —especialmente en espacios colectivos como bibliotecas, clubes o plazas— es una de las herramientas más potentes para ejercer esta democracia.
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Cultura para los retos contemporáneos: En tiempos de crisis climática, desigualdad, violencia o exclusión, la lectura puede ser un refugio, pero también una herramienta crítica para imaginar otras formas de estar en el mundo.
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Sostenibilidad e independencia del ecosistema cultural: Esto implica fortalecer a las personas y comunidades que sostienen la cultura desde abajo, muchas veces desde la autogestión. Como mediadoras de lectura, tejemos redes con libreros, editores independientes, narradores orales, docentes rurales y urbanos que mantienen vivo el pulso cultural desde lo cotidiano.
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Derechos culturales como política pública: No basta con buenas intenciones. Necesitamos marcos normativos, financiamiento adecuado y voluntad política que reconozca que leer también es un derecho, como comer, habitar o expresarse.
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Una administración pública sensible y comprometida: Las bibliotecas públicas, los centros culturales y las escuelas deben dejar de ser espacios periféricos en las políticas de desarrollo. Son núcleos vivos de ciudadanía, participación, memoria e imaginación.
Como activista por la cultura viva comunitaria, saludo esta iniciativa como un modelo replicable que puede guiar otras realidades. En contextos donde la lectura aún es privilegio de pocos, este plan nos recuerda que promover la lectura no es caridad: es justicia. Y que todo niño, toda joven, todo adulto mayor, tiene derecho a acceder a los libros, a la palabra y a la belleza que la cultura ofrece.
Que seamos muchas y muchos quienes sigamos trabajando desde nuestras trincheras lectoras por una democracia cultural plena, en la que la lectura sea un derecho cotidiano, colectivo y transformador.
Conoce más del plan en el siguiente enlace: aquí
